La discusión sobre la salmonicultura en Tierra del Fuego está lejos de ser una simple disputa entre “sí” y “no”. Una reciente encuesta provincial reveló que el principal obstáculo ya no es solo la actividad en sí, sino la profunda desconfianza hacia la capacidad del Estado para controlar sus impactos.

Según el relevamiento, realizado entre el 20 y el 30 de noviembre sobre 816 casos ponderados, el 58.0% dice no confiar “nada” en el Estado y otro 17.0% afirma confiar “poco”. En total, el 75.0% de los fueguinos duda seriamente de la fiscalización estatal, un dato que termina condicionando cualquier debate sobre una eventual habilitación de la actividad.

Aun así, el escenario no es puramente prohibicionista. El 42.0% de las personas consultadas se inclina por sostener la prohibición total vigente, pero casi la mitad de la población estaría dispuesta a aceptar un modelo regulado bajo condiciones estrictas. Dentro de este grupo más flexible, el 17.0% solo permitiría la salmonicultura fuera del Canal Beagle, lagos y lagunas; mientras que un 21.0% la aceptaría únicamente bajo sistemas en tierra con recirculación de agua.

El sondeo también muestra que la clave para modificar posturas pasa por la tecnología. Un 60.0% apoyaría —o podría llegar a apoyar— la actividad si se demostrara el uso de sistemas “ecológicos”, más limpios y seguros desde el punto de vista ambiental. En ese sentido, el debate se corre del “prohibir o permitir” hacia un esquema de “bajo qué condiciones y con qué garantías”.

Las diferencias entre Ushuaia y Río Grande ayudan a entender la tensión política y social. En la capital provincial predomina una mirada fuertemente ambiental: el 63.0% se pronuncia a favor de sostener la prohibición total, el 68.0% percibe un “riesgo muy alto” para el entorno natural y el 76.0% declara no confiar nada en la capacidad de control estatal. A esto se suma el temor a posibles efectos negativos sobre el turismo y las actividades náuticas, que son parte central de la identidad económica y paisajística de la ciudad.

En Río Grande, en cambio, el prisma es más productivo y laboral. Solo el 30.0% quiere mantener la prohibición actual, mientras que el 45.0% apoya modificar la ley y un 19.0% aceptaría cambios según las condiciones que se fijen. Además, el 47.0% considera que la actividad podría generar empleo, lo que abre una ventana para discutir modelos regulados más estrictos, siempre y cuando se garantice el cuidado ambiental.

Cuando se observan las motivaciones de fondo a nivel provincial, el impacto ambiental aparece como el factor más determinante: un 41.0% lo ubica como su principal preocupación. Detrás se ubica el desarrollo económico, señalado por el 24.0% de los encuestados. Entre quienes rechazan cualquier habilitación, pesan sobre todo el posible daño al ambiente y la incapacidad del Estado para controlarlo; entre quienes aceptarían una regulación, ganan peso la generación de empleo, los ingresos fiscales y la confianza en nuevas tecnologías más seguras.

El resultado es un mapa social dividido, pero no cerrado: la salmonicultura sigue siendo un tema sensible, atravesado por temores ambientales, necesidades económicas y una desconfianza estructural hacia el Estado que, por ahora, inclina la balanza en el debate público.

Resultados de la encuesta (en %)

• Mantener la prohibición total: 42.0%
• Aceptar algún tipo de habilitación regulada (total): ≈ 50.0%
  • Permitir solo fuera del Canal Beagle, lagos y lagunas: 17.0%
  • Permitir solo en sistemas en tierra con recirculación de agua: 21.0%

• No confía nada: 58.0%
• Confía poco: 17.0%
• Total que desconfía (nada + poco): 75.0%

• Apoyaría o podría apoyar la actividad si se demostraran tecnologías más limpias y seguras: 60.0%

• Sostener la prohibición total: 63.0%
• Percibe “riesgo muy alto” para el ambiente: 68.0%
• No confía nada en el Estado: 76.0%

• Mantener la prohibición actual: 30.0%
• Apoya modificar la ley: 45.0%
• Aceptaría cambios según condiciones: 19.0%
• Cree que la actividad generaría empleo: 47.0%

• Impacto ambiental como principal preocupación: 41.0%
• Desarrollo económico como principal preocupación: 24.0%