El Gobierno nacional anunció este miércoles un cambio drástico en la política migratoria argentina, al implementar medidas que incluyen la expulsión de inmigrantes con condena, el arancelamiento de servicios de salud y educación para extranjeros, y requisitos más estrictos para acceder a la residencia permanente y la ciudadanía.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar las nuevas disposiciones desde Casa Rosada, en una declaración sin preguntas, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otras autoridades del Gabinete.
“La Argentina no será tierra fértil para el ingreso de delincuentes”, sostuvo Adorni, al tiempo que subrayó que quienes ingresen ilegalmente al país o mientan en su declaración migratoria serán directamente expulsados, sin excepciones.
Principales medidas anunciadas:
- Expulsión inmediata de inmigrantes condenados por cualquier delito, sin importar la gravedad de la pena.
- Rechazo en frontera para personas con antecedentes penales que intenten ingresar al país.
- Pago obligatorio por servicios de salud pública para inmigrantes ilegales, residentes temporales y transitorios.
- Obligación de contar con seguro médico al ingresar al país.
- Arancelamiento universitario para estudiantes extranjeros, si así lo determinan las universidades públicas.
- Endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se otorgará a quienes acrediten dos años de residencia continua y legal en el país.
- Reducción de plazos en los procesos de apelación para la expulsión de extranjeros condenados.
Justificaciones y críticas al sistema actual
Adorni señaló que la legislación vigente es “demasiado laxa”, y denunció que en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, cifra comparable con la población de La Matanza o la provincia de Tucumán.También hizo foco en los llamados “tours sanitarios” y reveló que, en un año, ocho hospitales nacionales gastaron $114.000 millones en atender a pacientes extranjeros. “Hoy, cualquier persona condenada con una pena menor a tres años puede entrar al país. Esto debe cambiar”, afirmó.
El anuncio forma parte de una serie de reformas que el presidente Javier Milei anticipó durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y que se inscriben en una agenda de recorte del gasto público, reformas estructurales y mayor control fronterizo.
El Gobierno también anticipó que en los próximos días se presentarán más anuncios, entre ellos un blanqueo de capitales en dólares como parte de las medidas económicas en marcha. El anuncio formal está previsto para este jueves, último día hábil antes de la veda electoral.
Controversia y expectativas
Si bien el Ejecutivo defiende las medidas bajo la premisa de “ordenar y proteger al país”, sectores defensores de los derechos humanos y especialistas en migraciones advierten que estas decisiones podrían afectar el acceso a derechos básicos y fomentar prácticas discriminatorias. También se espera que las reformas deriven en impugnaciones judiciales y un debate legislativo de alta tensión.En tanto, desde el oficialismo se insiste en que la ciudadanía y los servicios públicos deben dejar de ser un incentivo para la irregularidad, y que los migrantes que cumplan con la ley seguirán siendo bienvenidos.
Compartinos tu opinión