La Legislatura fueguina avanza con un proyecto de ley que apunta a establecer un marco legal claro para las denominadas desobligaciones docentes, una práctica sindical recurrente que, según los impulsores de la norma, se transforma en una modalidad encubierta de paro que perjudica directamente el derecho de los estudiantes a recibir clases.

La propuesta legislativa considera que estas desobligaciones —entendidas como paros parciales o por tiempo limitado— deben ser reglamentadas formalmente, ya que constituyen una forma de medida de fuerza que altera el normal desarrollo de la actividad educativa.

En concreto, el proyecto estipula que cualquier convocatoria a desobligación deberá ser notificada con una antelación mínima de tres días hábiles a la autoridad correspondiente. De lo contrario, la acción será considerada ilegal y acarreará consecuencias tanto para los docentes como para la organización sindical.

Además, se establece que toda desobligación implicará el descuento proporcional de haberes, en función de la cantidad de horas o jornadas no trabajadas. En los casos en que no se cumpla con la obligación de informar en tiempo y forma, se prevé la aplicación de sanciones económicas a la entidad sindical y a sus dirigentes, además del correspondiente descuento salarial a los docentes que participen.

Desde el ámbito legislativo justifican la iniciativa en la necesidad de proteger el derecho a la educación de los alumnos y de poner límites a prácticas que, en la práctica, funcionan como paros pero no se encuadran bajo la normativa vigente en materia de huelga.

El debate sobre el alcance de estas medidas promete generar tensiones con los gremios docentes, especialmente con el SUTEF, que ha recurrido con frecuencia a este tipo de acciones en sus reclamos. Sin embargo, los autores del proyecto aseguran que no se busca restringir la libertad sindical, sino establecer reglas claras para evitar abusos.