Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Río Grande expresaron fuertes críticas al rumbo económico y social impulsado por el Gobierno nacional.

Durante el diálogo, se remarcó la urgencia de ser convocados a paritarias ante la caída del poder adquisitivo. “Un trabajador ingresante en la administración pública está cobrando 755 mil pesos. Un empleado con más de 20 años de antigüedad ronda el millón cien mil. Con esos montos, en Tierra del Fuego no se puede vivir”, señalaron desde el sindicato, advirtiendo que los recursos que llegan desde Nación son cada vez más limitados, lo que agrava la situación salarial y complica la cobertura de servicios básicos.

También se hizo hincapié en la necesidad de subas salariales que impacten en el básico, para asegurar su posterior traslado a los haberes jubilatorios. En ese sentido, plantearon las limitaciones que genera el uso de sumas remunerativas fijas frente a la lógica de “completar la pirámide” salarial, buscando mejoras que beneficien a todo el escalafón de la administración pública.

En cuanto al contexto nacional, se cuestionó la reducción del Estado y los despidos en organismos como INTA, INTI, Vialidad Nacional e institutos de salud e investigación. “Lo que se está viendo es un desmantelamiento de áreas estratégicas para el desarrollo y el bienestar del país”, denunciaron.

También hubo críticas a la creación del Ministerio de Desregulación, considerado un retroceso en términos de derechos laborales y presencia estatal, así como a la política de seguridad frente a las manifestaciones y al impacto de las reformas económicas en el régimen industrial de Tierra del Fuego.

En ese marco, el rechazo fue claro: “No queremos que La Libertad Avanza avance, al menos en Tierra del Fuego”, fue una de las frases destacadas de la entrevista, en la que se acusó al Gobierno nacional de favorecer al empresariado en detrimento de los trabajadores, del desarrollo productivo y del entramado social.