La decisión judicial se dio en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), patrocinados por los abogados Francisco Verbic, Leonel Bazán y Diego Morales. La acción apuntó contra el Estado nacional por “la ilegalidad de la conducta” al negar el acceso a información pública sobre el empréstito.

El fallo remarcó que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, incumplió la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, primero otorgando trámite y prórrogas al pedido y luego derivándolo a un procedimiento administrativo distinto. Para el juez, esta maniobra configuró un intento de eludir la entrega de la información solicitada.

En su resolución, Bava subrayó que en una sociedad democrática rige el principio de “máxima divulgación”, lo que implica que toda información pública es accesible salvo excepciones estrictamente fundadas. “El derecho de acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales, más aún cuando se trata de políticas económicas de alto impacto”, sostuvo.

El magistrado recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya estableció que la información generada por el Estado no le pertenece al Gobierno, sino al pueblo de la Nación, y que cualquier persona puede solicitarla sin necesidad de acreditar un interés particular. De este modo, la ley especial de acceso a la información, sancionada en democracia, prevalece sobre las normas generales del procedimiento administrativo.

La causa ahora pone presión sobre el Ministerio de Economía, que deberá entregar toda la documentación vinculada al acuerdo con el FMI. Para los organismos que impulsaron el amparo, este fallo representa un paso clave en la defensa del derecho ciudadano a conocer las condiciones de un préstamo que marcará el rumbo económico del país en los próximos años.