El juez Fernando González salió al cruce de cuestionamientos sobre una reciente orden de allanamiento, aclarando que la medida fue adoptada tras una evaluación detallada del expediente judicial y no por simples declaraciones, como planteó la defensa de la parte afectada. En el marco de una causa por compensación económica derivada de una unión convivencial disuelta, el magistrado justificó la acción como necesaria para preservar evidencia clave.

Según explicó, la solicitud de allanamiento apuntaba a secuestrar un teléfono celular y un acta de concubinato, en el contexto de un reclamo que busca demostrar tanto la existencia de una convivencia formal como un desequilibrio económico producido por presuntos actos de violencia patrimonial. Para ello, la parte actora presentó una serie de elementos probatorios, entre los que figuran más de 20 mensajes de audio, capturas de pantalla de conversaciones, cartas documento e informes oficiales.

“La medida fue dispuesta conforme a los requisitos legales de las medidas cautelares, atendiendo a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora, considerando que el contenido del celular podría perderse”, explicó el juez.

Una de las denuncias centrales en el caso se refiere a la supuesta simulación de una venta inmobiliaria, que habría tenido como objetivo el desalojo de la denunciante y su hijo menor del domicilio que habitaban. La acción judicial busca comprobar si dicha transacción fue ficticia.

El procedimiento fue llevado adelante por la División de Delitos Complejos. El juez aclaró que esto no implica considerar a la persona involucrada como delincuente, sino que responde al cumplimiento del protocolo de recolección de evidencia digital del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad (ForCIC), del cual Tierra del Fuego forma parte.

Por tratarse de un expediente del fuero de familia y de carácter reservado, González subrayó que no corresponde hacer públicos más detalles del proceso ni de las pruebas involucradas.