El bono prometido a los jubilados y pensionados por el presidente Alberto Fernández para paliar la pérdida de poder adquisitivo a costa de una inflación que promediará el primer semestre del año en torno al 25% lejos está de permitirles recuperar poder de compra.

De acuerdo a un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que lidera el gerontólogo Eugenio Semino, las necesidades básicas de un adulto mayor requerían en abril ingresos de $ 64.039.

La "canasta básica de la tercera edad" lejos está de ser realidad para los jubilados y pensionados con el haber mínimo, unos 4,5 millones de beneficiarios que, a esa altura del año, percibían $ 20.500, a los que se sumaron dos bonos no remunerativos de $ 1500, en abril y mayo, que alcanzaron a los que cobran hasta $ 30.500.

"Se evidencia claramente que esta gran proporción de mayores apenas alcanzan a cubrir un 30% de las necesidades básicas que deberían garantizar su vida digna", reza el informe elaborado hace más de una década por el director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña.

Sumando las Pensiones No Contributivas (por discapacidad) y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que equivalen al 70 u 80% de la jubilación mínima, y a cerca de 2 millones de jubilados que perciben haberes medios cercanos a los $ 40.000, el informe sostiene que un 80% de los beneficiarios del sistema previsional no pueden cubrir cabalmente las necesidades de alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación.

Semino sostuvo que "los bonos para jubilados, tradicionales en los años electorales, no compensan absolutamente en nada la precaria situación y son agua entre los dedos", y añadió que "desde diciembre, cuando se comenzó a aplicar la fórmula de movilidad, los jubilados volvieron a perder contra la inflación", debido al reajuste de 21 puntos contra una evolución de los precios en torno al 25%.