Los gremios de empleados judiciales convocaron a una asamblea abierta en el Palacio de Justicia a las 10 del 1 de febrero con el objetivo de adoptar “medidas de fuerza por tiempo indeterminado”.

Con el auspicio de los jueces -que también resisten la migración detrás del escudo de la poderosa Asociación de Magistrados- la medida amenaza con contagiarse a otros fueros que no fueron incluidos en la primera tanda, pero en los que también existe malestar.

Convocados por el Frente Azul-Bermellón que dirige la comisión interna en el fuero penal nacional, la asamblea apunta a ejercer presión sobre el líder de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, cuya lista “Marrón” mutó su estado a “alerta y movilización” en la previa del acto de firma del acuerdo.

Pese a que Piumato se mostró crítico con el anuncio a través de Twitter, las comisiones internas opositoras le reprochan que 48 horas antes de que el Poder Ejecutivo ratificara su avance, Piumato estaba con la primera línea del Gobierno en el homenaje a dos años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman.

El gremialista se pronunció contra la transferencia de competencias sobre delitos contra la administración pública que implica que los jueces que se nombren a nivel local sean los que juzguen a los funcionarios porteños ante cualquier delito de presunta corrupción.

Fiscalías y defensorías también están en alerta dado que fueron incluidos dentro del paquete pero, argumentan, pertenecen al Ministerio Público, un organismo constitucionalmente autónomo.

Por su parte, Sitraju (asociado como un sindicato afín al kirchnerismo) le bajó el pulgar al traspaso aunque abriría la posibilidad a incorporar más afiliados.

Entre los preparativos se encuentra una marcha de empleados judiciales a la sede del Ministerio de Justicia.

En lo semántico, pretenden replicar el discurso oficial acerca de una justicia más ágil y cercana con los vecinos con la puesta en marcha de la ley de flagrancia que perseguía ese fin y ya está en práctica.