El crecimiento de los delitos cibernéticos y la exposición de niños y adolescentes a riesgos digitales volvió a encender señales de alarma en Tierra del Fuego, en un contexto marcado por el inicio de un juicio por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil en los tribunales federales de Río Grande. La causa pone en evidencia una problemática que, lejos de disminuir, se transforma y se vuelve cada vez más compleja.

En comunicación con Aire Libre FM, el especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni explicó que las investigaciones por este tipo de delitos pueden iniciarse por dos vías principales: a partir de denuncias directas realizadas por las familias ante la Justicia provincial o federal, o mediante alertas internacionales enviadas por organizaciones que monitorean, a nivel global, la circulación de material ilegal en internet.

Según detalló, estas organizaciones cuentan con herramientas técnicas que permiten detectar la subida y descarga de material de abuso sexual infantil, lo que da lugar a exhortos judiciales que llegan a distintas provincias del país, incluida Tierra del Fuego. En ese marco, recordó que en los últimos años se registraron múltiples intervenciones de este tipo, algunas de ellas vinculadas a redes detectadas en países como Alemania y Canadá.

Lazzaroni destacó que un punto clave para el avance de estas causas fue la modificación del artículo 218 del Código Penal en 2018, que permitió penalizar no solo el tráfico, sino también la tenencia y posesión de pornografía infantil. Antes de ese cambio legislativo, explicó, muchas investigaciones no podían prosperar, ya que el consumo de este material no estaba tipificado como delito.

El especialista señaló además que los sistemas actuales permiten identificar con gran precisión la ubicación de las conexiones a internet, incluso con márgenes de error mínimos. Esto posibilita determinar direcciones específicas y avanzar con allanamientos. Si bien muchos delincuentes intentan ocultar su identidad digital mediante el uso de variadores de IP, indicó que las características del tendido de fibra óptica en la provincia suelen dejarlos expuestos en determinados momentos.

Durante la entrevista, Lazzaroni también advirtió sobre el uso extendido de plataformas como Telegram y otros servicios de mensajería para actividades ilegales, que van desde apuestas clandestinas y venta de estupefacientes hasta la oferta de contenido sexual y la captación de menores. En ese sentido, remarcó que actualmente el Estado carece de herramientas jurídicas y tecnológicas suficientes para intervenir de manera preventiva en estos espacios digitales.

Otro de los ejes abordados fue el impacto del uso de redes sociales y dispositivos móviles en niños y adolescentes. Lazzaroni consideró positiva la decisión adoptada por países como Australia y España de limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años, aunque subrayó que este tipo de medidas deben ir acompañadas por procesos de educación digital dirigidos a las familias.

El especialista alertó sobre los riesgos cognitivos y emocionales asociados al uso excesivo de pantallas, señalando que la exposición temprana a dispositivos móviles puede generar problemas de atención, hiperactividad y dependencia. Además, cuestionó la naturalización del uso del celular como herramienta de entretenimiento para niños pequeños, sin acompañamiento ni control adulto.

Finalmente, Lazzaroni llamó a una reflexión colectiva sobre la responsabilidad social en el cuidado de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos del entorno digital. Remarcó la necesidad de invertir en capacitación, fortalecer los equipos de peritos informáticos y actualizar la legislación vigente, al tiempo que subrayó que la tecnología no es negativa en sí misma, pero requiere límites claros y un uso responsable para evitar consecuencias graves.