El préstamo, por US$ 65 millones, estaba destinado a la compra, transporte e instalación de ocho aerogeneradores, con una capacidad total de 33,6 megavatios (MW), además de las obras de interconexión al sistema eléctrico local y los estudios técnicos necesarios para la puesta en marcha del parque eólico en la ciudad de Río Grande.

Sin embargo, en 2025 el AIIB resolvió cancelar el crédito, dejando al proyecto en un limbo técnico y financiero. Entre los factores centrales que explican la decisión aparece la ausencia de una garantía soberana por parte del Estado argentino, un requisito habitual exigido por los bancos multilaterales para este tipo de endeudamientos.

La iniciativa no solo buscaba incrementar la generación de energía limpia en la provincia, sino también reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la seguridad energética en una región históricamente condicionada por su ubicación geográfica. Con la caída del financiamiento, el proyecto quedó completamente paralizado y sin un horizonte claro de reactivación.

A este escenario se suma el contexto económico y fiscal adverso que atraviesa Tierra del Fuego, lo que complejiza la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento para obras de mediana y gran escala. La combinación de la falta de respaldo nacional y las dificultades financieras provinciales terminó por desactivar una inversión que había generado expectativas de desarrollo, empleo y modernización energética.

De este modo, el parque eólico de Río Grande pasó de ser una de las apuestas más relevantes en materia de energías renovables en la provincia a integrar la lista de proyectos estratégicos que, al menos por ahora, quedaron truncos.