La empresa responsable del radar instalado en Estancia El Relincho no pagó la multa de $1.500.000 que se le aplicó por haber colocado el equipamiento sin autorización en una zona estratégica de la isla. A pesar de la gravedad del caso, el monto corresponde al máximo permitido por la normativa vigente.

La estructura generó una fuerte polémica desde su instalación en 2023, cuando se detectó que no contaba con habilitación correspondiente. En su momento, se procedió a la clausura del lugar, se iniciaron actuaciones judiciales y se promovió una ejecución fiscal contra la firma.

El valor de la multa volvió a poner en evidencia las limitaciones del régimen sancionatorio local, ya que la cifra impuesta equivale a una infracción comercial menor, pese al alcance internacional y al volumen operativo de la empresa involucrada.

Actualmente, los servicios básicos como energía eléctrica e internet no estarían activos en el predio, aunque no hay certezas absolutas sobre esa situación, dado que la provisión de algunos de esos servicios depende de organismos externos. Sí se confirmó el retiro de aquellas conexiones que habían sido previamente autorizadas.

El caso sigue generando atención por sus implicancias en materia de soberanía, control territorial y falta de herramientas legales para sancionar con mayor contundencia este tipo de hechos.