El Colegio Médico de Veterinarios, a través de su representante legal, el Dr. Francisco Ibarra, anticipó que presentará un recurso judicial contra una ordenanza del Municipio que establece un sistema de guardias clínicas veterinarias las 24 horas. Desde la institución consideran que la normativa es "inconstitucional" y que impone cargas indebidas sobre los profesionales del sector.

"Nos notificaron de una disposición por parte del municipio en donde ponen en cumplimiento una ordenanza municipal estableciendo que se debe realizar un cronograma de guardias clínicas veterinarias, por lo general a las 24 horas", explicó Ibarra. “Nosotros, en esa oportunidad, y entiendo que en el día de mañana, estaremos presentando nuestro recurso entendiendo que esta ordenanza resulta inconstitucional”, agregó.

Según sostuvo el abogado, el Concejo Deliberante “no es el órgano que puede emitir este tipo de disposiciones” ya que, a su entender, no tiene competencia ni en la materia ni en la jerarquía normativa requerida. “Cercena el derecho a trabajar, que es un derecho constitucional establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y también viola los artículos 19 y 31”, explicó.

Ibarra remarcó que si se busca establecer limitaciones o restricciones al ejercicio profesional, ello debería hacerse mediante una ley formal, es decir, dictada por la Legislatura provincial o el Congreso de la Nación. Además, indicó que la actividad veterinaria no ha sido declarada como un servicio público, condición necesaria —según el Colegio— para que el Estado pueda trasladar al sector privado la obligación de garantizar un servicio de guardia permanente.

“No decimos que el servicio no sea necesario ni que estamos en contra del servicio en sí. Lo que cuestionamos es la forma en que se implementa”, afirmó el representante legal. En ese sentido, insistió en que la normativa impone una carga pública sobre los veterinarios, sin contemplar aspectos económicos, humanos ni técnicos. “Esto conlleva gastos en personal, honorarios profesionales, equipamiento que no todas las veterinarias tienen”, dijo.

Finalmente, Ibarra sostuvo que la ordenanza también viola el principio de razonabilidad previsto en la Constitución: “La norma es irrazonable porque obliga al particular a asumir todas las responsabilidades que, en realidad, le corresponden al Estado”.