La industria fueguina ya transitaba meses de recesión, caída de ventas y perspectivas complicadas para el inicio de 2026. En ese contexto, el escándalo que involucra a la exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, y al secretario de Industria de la Nación, Javier Cardini, terminó por encender todas las alarmas en el régimen de promoción.

El secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, advirtió que el panorama para el verano y los primeros meses del año próximo es “crítico”: empresas que proyectan continuidad parcial en enero, febrero y marzo, reformas laborales en puerta y aranceles cero que, según indicó, golpean de lleno a la producción local. “Lo peor todavía no llegó. Muchos piensan que ya tocamos fondo, pero el impacto real de todas las medidas aún no se vio. Esperar es un error: hay que salir a dar pelea ahora”, sostuvo.

Sobre ese escenario económico se superpuso el caso Calvete–Cardini, que sacudió de lleno al régimen fueguino. Ambos integraban la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), ámbito clave donde se autorizan, modifican o rechazan los procesos productivos de las empresas instaladas en la isla. Mientras participaban de decisiones estratégicas, la Justicia los investiga por el robo de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Escobar fue terminante al referirse a la exfuncionaria de ANDIS. En declaraciones a FM La Isla, afirmó que, para el sindicato, “Calvete es una delincuente” y cuestionó que haya tenido poder para decidir sobre el futuro del régimen “mientras le robaba a los más vulnerables”. A su entender, la situación expuso que “engañaron al poder político, a los medios y a los trabajadores”.

El dirigente recordó que Calvete y Cardini no sólo participaron de las resoluciones de la CAAE, sino que fueron protagonistas en el armado de un nuevo esquema productivo para celulares y otras líneas, presentado como una herramienta para “hacer competitivo” el régimen. ASIMRA rechazó desde el inicio esos cambios y, con lo que se conoce hoy, Escobar considera que queda al descubierto que se trató de un diseño “a pedido de algunas empresas”. “Dicen que el esquema es competitivo, pero fue construido por gente que robaba medicamentos. ¿Qué credibilidad puede tener?”, se preguntó.

En su análisis, Escobar también apuntó hacia la dirigencia política. Sin dar nombres, aludió a un legislador provincial que está próximo a asumir como diputado nacional y que defendió públicamente las reformas impulsadas desde la Secretaría de Industria. “Hay complicidades de montones de actores”, sintetizó, al señalar que la responsabilidad excede a los funcionarios ahora investigados.

El sindicalista reclamó una revisión profunda del régimen de promoción. Consideró que el escándalo colocó al esquema fueguino bajo una “sombra de sospechas” que obliga a una fuerte intervención política. “Hay que revisar todo: cada resolución, cada aprobación, cada beneficio. Volver a foja cero y denunciar lo que haya que denunciar. Tenemos que entender por qué se aprobaron determinados procesos y qué impacto tienen sobre el empleo”, planteó.

También cuestionó el argumento técnico utilizado desde Nación para justificar las decisiones tomadas mientras Calvete y Cardini integraban la CAAE. “Técnicamente podés aprobar cualquier cosa, incluso que todo llegue terminado. El problema no es si el expediente está bien escrito, el problema es qué pasa en marzo y abril cuando cambie la producción y estén en juego los puestos de trabajo”, remarcó.

Escobar hizo además un balance político incómodo para el movimiento obrero. Recordó que el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo electoral en Tierra del Fuego mientras avanzaba con la baja de aranceles, la reforma laboral y las modificaciones en el esquema productivo. “El voto avaló esta situación. Se aprobaron los aranceles cero, se aprobó la reforma laboral, se aprobó todo. Y ahora hay que convencer a esos mismos trabajadores de que hay que salir a pelear”, señaló.

Para el dirigente de ASIMRA, allí se abre una contradicción que no puede esquivarse: una parte de los trabajadores apoyó en las urnas políticas que afectan negativamente a su propio sector y, sin embargo, ahora deberá movilizarse para defender sus derechos. “Lo colectivo tiene que prevalecer sobre lo individual, pero es difícil. Algunos creyeron que las advertencias eran campañas del miedo y hoy ven que eran advertencias reales”, agregó.

Frente a este escenario, Escobar confirmó que el gremio ya inició conversaciones con otros sindicatos de la provincia. El objetivo es articular un frente de alcance provincial, más allá de las problemáticas particulares de cada sector. “No es sencillo, cada gremio arrastra conflictos propios, nacionales o locales, pero todos estamos atravesados por las mismas medidas. La fragmentación sindical hoy es un obstáculo”, advirtió.

“Si esperamos, perdemos. Hay que actuar”, resumió al explicar que ASIMRA impulsa la construcción de una unidad capaz de encarar una defensa coordinada del entramado industrial fueguino.

Como mensaje final, Escobar lanzó un llamado de atención dirigido tanto a la política como al empresariado: “Todavía no vimos el final. El régimen está en jaque, las decisiones se tomaron bajo sospecha y el caos recién empieza si no hay una respuesta contundente”. Y concluyó que la provincia no puede naturalizar que “funcionarios involucrados en delitos hayan decidido el destino de la principal actividad económica de Tierra del Fuego. No es un simple error administrativo: se trata de personas que definían el futuro de miles de familias mientras robaban remedios. Eso exige una respuesta política profunda”.