Con el arranque de febrero de 2026, el paquete de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei vuelve a ganar espacio en el temario parlamentario. Y, dentro del proyecto, hay un capítulo que concentra miradas por su impacto directo en la vida cotidiana: las reglas para tomar el descanso anual.

Hoy, el esquema vigente se apoya en la idea de vacaciones continuas y en una práctica extendida que las ubica entre octubre y abril. La propuesta oficial no elimina las vacaciones pagas, pero sí plantea una reorganización profunda de cómo, cuándo y de qué manera podrían otorgarse.

El cambio más visible es la habilitación para dividir el período de descanso en varios tramos a lo largo del año. En lugar de tomarse “de corrido”, las vacaciones podrían fraccionarse, con una condición mínima: cada bloque debería durar al menos siete días consecutivos.

Otra modificación relevante apunta al calendario. En vez de mantener una “ventana” tradicional para concentrar las licencias, el proyecto permitiría asignarlas en cualquier momento del año, según acuerdos y necesidades de organización. De todos modos, se incorpora una pauta para resguardar el receso estival: la persona trabajadora debería contar con la posibilidad de tomar vacaciones en verano al menos una vez cada tres períodos, salvo que prefiera otra época.

En materia de previsibilidad, la iniciativa suma una obligación formal para el empleador: comunicar por escrito la fecha de inicio con al menos 21 días de anticipación. La intención, según el argumento oficial, es ordenar la planificación interna y, al mismo tiempo, facilitar que cada trabajador pueda organizar viajes, actividades familiares o compromisos personales.

El debate se explica por el equilibrio que intenta redibujar la reforma: mayor flexibilidad para administrar tiempos en un mercado laboral cambiante, sin tocar el derecho al descanso pago. Quienes respaldan el proyecto sostienen que este formato permitiría acomodar la producción a distintos momentos del año y adaptar mejor la dinámica del trabajo a ciclos económicos y operativos.

Las objeciones, en cambio, se enfocan en el margen de decisión real que podría quedar del lado empresario. Para los críticos, la fragmentación podría diluir el sentido del descanso prolongado —clave para la recuperación física y mental— y complicar la organización personal, aun con la regla de aviso previo. En esa línea, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores sindicales ya expresaron reparos, al considerar que se ponen en riesgo derechos consolidados.

Con el tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina como telón de fondo, el capítulo de vacaciones se perfila como uno de los puntos más sensibles de la reforma laboral 2026: no solo por lo que cambia en la letra, sino por lo que discute en la práctica sobre el balance entre productividad y protección de derechos.