Una investigación por presunta tenencia de material vinculado a la explotación de menores derivó en un allanamiento a un juez, luego de que organismos internacionales detectaran la presencia de cientos de imágenes alojadas en una nube personal. La medida judicial puso en el centro del debate la forma en que se resguarda información extremadamente delicada dentro del sistema judicial argentino.

El especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni dialogó con Radio Provincia que abordó el tema y explicó: “El Poder Judicial cuenta con protocolos y sistemas encriptados especialmente diseñados para preservar este tipo de información. No es habitual ni recomendable que una persona, sea juez o no, guarde material sensible en una nube privada”.

Según precisó Lazzaroni, estas imágenes ya habrían sido incorporadas en una causa judicial en instancias anteriores y, por lo tanto, deberían encontrarse almacenadas bajo estrictos resguardos institucionales. “Si alguien cree que el contenido es demasiado sensible y requiere otro tratamiento, lo que corresponde es dejar constancia por escrito y seguir el procedimiento formal. No hay lugar para decisiones personales”, remarcó.

También recordó el caso de Ricardo Russo, exdirector del Hospital Garrahan, condenado por tenencia de contenido de explotación infantil. “Esto nos recuerda que la función o el cargo no exime a nadie. Estos comportamientos pueden aparecer en cualquier nivel”, advirtió.

En este caso, la alerta no surgió de una revisión interna, sino a partir de un monitoreo remoto realizado por agencias internacionales que rastrean la circulación de material de abuso sexual infantil. “Lo que activa las alarmas no es solo el almacenamiento, sino la actividad con ese material. Si se accede, se mueve o se descarga, eso genera un reporte y puede derivar en un allanamiento como este”, explicó.

Lazzaroni también destacó la importancia de la reforma del artículo 218 del Código Penal en 2018, que permitió sancionar la posesión además de la distribución. “Eso abrió muchas puertas para investigar este tipo de delitos, antes era más difícil actuar”, señaló.

Sin emitir juicios específicos sobre el caso, fue claro: “Hubo una falla. Ya sea una conducta delictiva o una grave imprudencia, algo no funcionó como debía. Hoy existen medios institucionales más que suficientes para manejar con seguridad cualquier tipo de evidencia”.

Para cerrar, subrayó: “Nuestro país tiene cifras muy altas en relación al tráfico y la posesión de estos contenidos. Lamentablemente no contamos con políticas públicas sólidas de prevención. No podemos mirar para otro lado”.

La causa sigue en curso, y la Justicia deberá determinar responsabilidades. Mientras tanto, este episodio abre un debate urgente sobre el uso de servidores personales por parte de funcionarios judiciales y la necesidad de reforzar los controles sobre información vinculada a delitos contra la infancia.