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Banco Nacional de Datos Genéticos: modernización sin perder su esencia

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) inicia una nueva fase en su historia tras la reciente decisión del Gobierno nacional de modificar su configuración administrativa. Según lo dispuesto por el decreto 351/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Guillermo Francos, la institución dejará de ser un organismo descentralizado para convertirse en un ente desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Esta medida se enmarca en el contexto de la emergencia pública y responde al objetivo de reducir el gasto público y optimizar la estructura estatal. Entre las principales novedades, el nuevo esquema plantea cambios en la organización y conducción del BNDG, con la designación de autoridades mediante concursos públicos y la supervisión de la Secretaría de Transformación del Estado para todos los movimientos de personal.

Aunque se aplicarán ajustes en la gestión y dirección, se mantendrán las funciones esenciales y el personal continuará en sus roles actuales mientras se define la nueva estructura. El traspaso de recursos presupuestarios y financieros al nuevo marco de administración también fue garantizado para asegurar la continuidad operativa del organismo.

El BNDG, fundado en 1987 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo para responder a una pregunta central —“¿Nuestra sangre servirá para identificar a nuestros nietos?”—, fue pionero en el desarrollo de técnicas de identificación genética. Gracias a sus trabajos, se logró restituir la identidad a hijos y nietos de desaparecidos durante la última dictadura y se perfeccionaron métodos de análisis que hoy siguen siendo modelo internacional.

En sus casi cuatro décadas de existencia, el Banco no solo ayudó en causas de lesa humanidad, sino también en otras investigaciones de filiación, aprovechando el avance de la bioinformática en los últimos años para fortalecer su misión original. La reestructuración, aseguran desde el Gobierno, no afectará la calidad del servicio ni el propósito central de la institución: garantizar el derecho a la identidad.

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