La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) advirtió que una eventual modificación en el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, impulsada por la baja de aranceles a productos importados, comprometería seriamente la estabilidad fiscal de la provincia. De acuerdo con estimaciones del organismo, las industrias radicadas bajo la Ley 19.640 aportarán durante 2025 aproximadamente $80.000 millones en tributos, lo que representa el 20,5% del total de ingresos provinciales.
La cifra se compone de $57.000 millones recaudados mediante la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y $23.000 millones correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según explicó la AREF, estos fondos resultan esenciales para sostener el funcionamiento del Estado fueguino.
Desde el organismo señalaron que “cuando se habla de presión tributaria, es importante aclarar que las alícuotas aplicadas a la industria son bajas”. En ese sentido, recordaron que la Tasa de Verificación representa apenas un 1,8% del valor de producción, reduciéndose al 1,62% si existen inversiones acreditadas. Esto equivale a menos del 1% sobre el precio de venta final del producto.
En el caso de Ingresos Brutos, la tasa aplicada a las empresas industriales es del 1,5%, pero como la mayoría opera en distintas provincias del país, se aplica el sistema de Convenio Multilateral, por lo que a Tierra del Fuego le corresponde entre el 25% y el 30% de ese impuesto. Es decir, lo que efectivamente se paga en la provincia representa alrededor del 0,5% de los ingresos brutos de esas compañías.
“Eliminar estos tributos implicaría un impacto de apenas un 1% en el precio final del producto, lo cual no resuelve el problema de competitividad que algunos atribuyen al régimen. Lo que encarece el producto se encuentra en otros tramos de la cadena comercial”, señalaron desde el ente recaudador, cuestionando que los recientes planteos sobre la presión fiscal tengan más un trasfondo político que técnico.
Consecuencias más allá de la recaudación
Desde la AREF también alertaron que los impactos no se limitan a lo fiscal. Un retroceso en el subrégimen industrial afectaría gravemente a toda la cadena de valor que rodea a la actividad manufacturera fueguina. “Esos $80.000 millones son sólo los aportes directos. A eso hay que sumar el movimiento económico de empresas de logística, limpieza, seguridad, comedores, proveedores, comercio exterior y comercios vinculados al consumo de miles de trabajadores”, señalaron.Un escenario de retracción o cierre de líneas de producción podría derivar en despidos, caída del consumo y un efecto en cadena sobre la economía provincial, que aún tiene su eje en el modelo productivo incentivado por el régimen.
El modelo fueguino, en la mira
El subrégimen industrial fue concebido como una herramienta estratégica para poblar, integrar y desarrollar Tierra del Fuego. Hoy representa uno de los pilares del Producto Bruto Geográfico y sostiene a gran parte de la población económicamente activa.Ante este panorama, el Gobierno provincial promueve instancias de diálogo con Nación para defender el régimen. Las autoridades remarcan que está en juego mucho más que un ingreso fiscal: se trata del futuro de la matriz productiva fueguina y de la estabilidad de miles de familias que dependen de su continuidad.
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